e-Politicos

En posts anteriores hemos hablado de los otros dos agentes que intervienen en esto de la Administración digital: los e-Funcionarios y los e-Ciudadanos. Le toca hoy el turno a la tercera pata del banco: los e-Politicos.

La primera dificultad que nos topamos para escribir este post es la delimitación de su objeto, es decir, ¿quiénes son los e-Politicos? La pregunta no es trivial. Se ha escrito bastante sobre los límites entre la política y la función pública. Ciertamente, no es ésta una cuestión que se pueda despachar a la ligera.

Como en este blog, en sus poco más de 100 posts, ya hemos hablado de casi todo lo que tiene que ver con la Administración, no podía faltar alguna referencia al tema. Así, Alberto ya efectuó algunas reflexiones sobre el mundo de los cargos políticos en «Funcionarios y cargos: universos paralelos«: «…los cargos son siempre políticos, por más que puedan ser además grandes técnicos, ya que su contratación y despido va ligado a los avatares del juego democrático de los partidos políticos. Su horizonte temporal es necesariamente limitado e inestable, puesto que la permanencia es independiente de su desempeño en el puesto«.

En aquel post de Alberto estaba clara la frontera entre los funcionarios y los cargos políticos. Sin embargo, a los efectos de este post, me gustaría distinguir entre los niveles claramente políticos, por una parte, y el de los que podríamos llamar directivos públicos, por otra. En este post me voy a centrar en estos últimos, dejando para otra ocasión el análisis de los niveles menos administrativos y más políticos.

Hecha esta primera clasificación, la pregunta sería ahora: ¿quiénes son los directivos públicos?

Hay que decir, antes que nada, que esta figura no existe como tal en el ordenamiento jurídico. Según Francisco Longo, Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE: “El espacio de la dirección pública es disputado, con resultados variables, que difieren en las distintas instituciones, por los dos actores tradicionales de los sistemas públicos: las clases políticas, y la función pública tradicional«. Sin embargo, en su opinión: “ninguno de ellos puede responder a los desafíos de la dirección pública”.

Por otra parte, el Informe de la Comisión de expertos para el Estatuto Básico del Empleado Público define el directivo público como “la persona que posee la capacidad de liderazgo, la formación específica y las habilidades necesarias para hacer funcionar adecuadamente, bajo las instrucciones políticas del Gobierno correspondiente, la compleja maquinaria administrativa”.

La Comisión propone que el Estatuto Básico del Empleado Público prevea la figura de los directivos públicos, como una clase más de personal, remitiendo la regulación, en su caso, de su estatuto específico y de las funciones que le corresponden a las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En opinión de la Comisión: “la elaboración de dicho estatuto y la determinación de las condiciones de trabajo de los directivos públicos deben quedar excluidas de la negociación colectiva, y los directivos, designados en función de su capacidad profesional contrastada, deben quedar sometidos a evaluación del rendimiento y al control de los órganos superiores, debiendo vincularse una parte de sus retribuciones a los resultados de su gestión”.

La idea de crear un nivel de directivos públicos profesionales no es nueva. El Informe de la Comisión para la Racionalización y Mejora de la Administración Pública (CORAME), de 21 de junio de 1994, ya incluía esta propuesta en su medida nº 20: “Configurar un nivel de directivos públicos profesionales sujetos a un régimen especial”. Este informe se publicó por el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) con el título: “Una Nueva organización para una nueva etapa del Gobierno Vasco: 47 medidas para renovar la estructura organizativa del Gobierno y la Administración del País Vasco”.

Recientemente, con motivo del nombramiento del nuevo Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, se ha vuelto a desatar la polémica sobre los requisitos que se les deben exigir a los directivos públicos: ¿Es necesario que el Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información sea funcionario? ¿Es necesario que sea un experto conocedor de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones?

En el caso del Gobierno Vasco, los cargos de Consejero, Viceconsejero y Director se ocupan con personas de designación política, mientras los de Subdirector y Delegado Territorial son cubiertos mediante libre designación por funcionarios públicos. Los restantes puestos de funcionarios se cubren por el procedimiento de concurso, salvo contadas excepciones que se reservan a la libre designación entre funcionarios.

En mi opinión, hay una franja de puestos entre los que incluiría los Directores, Subdirectores, Delegados Territoriales y Jefes de Servicios que serían susceptibles de reservarse a directivos públicos profesionales, con las siguientes características:

1. Definición de los puestos: todos los puestos a cubrir por directivos públicos deberían figurar en las Relaciones de Puestos de Trabajo, detallándose los requisitos necesarios para el desempeño de los mismos.

2. Forma de provisión: estos puestos podrían ocuparse con personas provenientes, tanto de la función pública, como del sector privado, siempre que acreditaran el cumplimiento de los requisitos exigidos para su desempeño. La selección debería realizarse en atención a criterios de competencia profesional y experiencia.

3. Desempeño del puesto: los directivos públicos desarrollarían sus funciones con amplía autonomía en base a unos objetivos establecidos por el nivel político.

4. Estabilidad: la permanencia en el puesto se desvincularía del ciclo político, facilitando así superar una visión de corto plazo en la gestión de las políticas públicas.

5. Retribuciones: cabría negociar la retribución de los directivos públicos de acuerdo con criterios de mercado, y podría vincularse una parte de su retribución al cumplimiento de los objetivos.

Coincido con el citado Informe de la Comisión de expertos para el Estatuto Básico del Empleado Público en que la regulación de la función directiva profesional es un factor clave de modernización de la gestión pública. Hay que tener en cuenta en este sentido el efecto ejemplarizante del desempeño de los puestos directivos con respecto a la actuación del conjunto de los empleados públicos.

Termino este post extrayendo un párrafo de un artículo de Francisco Longo, publicado en EL PAIS el 23 de septiembre del 2002, titulado “La importancia de los directivos públicos”, en el que citaba una frase de Atutxa ciertamente ilustrativa:

“Como oí decir hace unos años a Juan María Atutxa, hablando de este asunto, ‘no se fríen huevos con agua bendita’. Se refería a que un carnet de partido puede predecir -no sé si siempre- lealtad política, pero no acredita la eficacia profesional”.

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